Escucha el Título VIII de la Constitución Española, artículos 137 a 158, dedicado a la Organización Territorial del Estado. En este episodio de la serie Constitución Española en audio, Luis Carballés narra el bloque constitucional que regula la organización territorial de España, la autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas, la Administración Local, los Estatutos de autonomía, el reparto de competencias, el control de las Comunidades Autónomas, la autonomía financiera y el Fondo de Compensación Interterritorial.
Qué contiene el Título VIII de la Constitución Española
El Título VIII de la Constitución Española lleva por rúbrica “De la Organización Territorial del Estado” y comprende los artículos 137 a 158. Es uno de los bloques más relevantes de la Constitución porque establece la estructura territorial del Estado y el marco constitucional de municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
Este título se divide en tres capítulos: los principios generales, la Administración Local y las Comunidades Autónomas. A través de estos artículos se regulan la autonomía territorial, el principio de solidaridad, la igualdad de derechos en todo el territorio español, la libertad de circulación, la autonomía municipal, la organización provincial, las Haciendas locales, el acceso a la autonomía, los Estatutos de autonomía, las competencias autonómicas, las competencias exclusivas del Estado, los mecanismos de control, la autonomía financiera y el Fondo de Compensación Interterritorial.
La narración de este episodio permite escuchar de forma ordenada una parte esencial de la Constitución para entender cómo se articula territorialmente el Estado español y cómo se distribuyen las competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
De la Organización Territorial del Estado: artículos 137 a 158
Los artículos 137 a 158 de la Constitución Española forman el bloque dedicado a la Organización Territorial del Estado. En ellos se define que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, entidades que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
El Título VIII de la Constitución Española desarrolla también los principios de solidaridad y equilibrio territorial, impide que las diferencias entre Estatutos de autonomía supongan privilegios económicos o sociales y garantiza que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Principios generales de la organización territorial
El artículo 137 establece la base de la organización territorial del Estado. España se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para gestionar sus propios intereses.
El artículo 138 recoge el principio de solidaridad y exige que el Estado vele por un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. También establece que las diferencias entre Estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios económicos o sociales.
El artículo 139 garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio del Estado. Además, impide que ninguna autoridad adopte medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas o la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
Administración Local en la Constitución Española
El capítulo segundo del Título VIII regula la Administración Local en la Constitución Española. Comienza con la autonomía de los municipios y continúa con la provincia, las Diputaciones, otras Corporaciones representativas, las agrupaciones de municipios y la administración propia de las islas en los archipiélagos.
El artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios y reconoce su personalidad jurídica plena. El gobierno y administración municipal corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
El artículo 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
En los archipiélagos, las islas cuentan además con su administración propia en forma de Cabildos o Consejos. El artículo 142, por su parte, establece que las Haciendas locales deben disponer de medios suficientes para desempeñar las funciones atribuidas por la ley a las Corporaciones respectivas.
Comunidades Autónomas en la Constitución Española
El capítulo tercero del Título VIII regula las Comunidades Autónomas en la Constitución Española. Este bloque desarrolla el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución y establece el marco para que determinados territorios puedan acceder a su autogobierno.
El artículo 143 permite que las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica puedan acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas conforme a lo previsto en la Constitución y en sus Estatutos.
El artículo 144 permite que las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, autoricen la constitución de una Comunidad Autónoma en determinados supuestos especiales, autoricen o acuerden Estatutos para territorios no integrados en la organización provincial o sustituyan la iniciativa de las Corporaciones locales.
Estatutos de autonomía
Los Estatutos de autonomía en la Constitución Española son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. El artículo 147 establece que el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Los Estatutos deben contener la denominación de la Comunidad Autónoma, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de sus instituciones propias, así como las competencias asumidas dentro del marco establecido por la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
La reforma de los Estatutos debe ajustarse al procedimiento establecido en ellos y requiere, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Competencias de las Comunidades Autónomas
El artículo 148 regula las competencias de las Comunidades Autónomas que pueden ser asumidas por estas. Entre ellas se encuentran la organización de sus instituciones de autogobierno, la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, las obras públicas de interés autonómico, determinados transportes, agricultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales, protección del medio ambiente, cultura, turismo, deporte, asistencia social, sanidad e higiene.
También se incluyen materias como ferias interiores, artesanía, museos, bibliotecas, conservatorios de música de interés autonómico, patrimonio monumental, fomento de la investigación y, en su caso, enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas pueden ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.
Competencias exclusivas del Estado
El artículo 149 regula las competencias exclusivas del Estado en la Constitución Española. Este precepto es una de las piezas centrales del reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Entre las materias reservadas al Estado se encuentran la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, relaciones internacionales, defensa, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria, laboral, civil en los términos previstos, propiedad intelectual e industrial, régimen aduanero, comercio exterior, sistema monetario, Hacienda general y Deuda del Estado.
También corresponden al Estado materias como la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad, la legislación básica de la Seguridad Social, las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, pesca marítima, marina mercante, puertos y aeropuertos de interés general, ferrocarriles y transportes que atraviesen más de una Comunidad Autónoma, telecomunicaciones, legislación básica sobre medio ambiente, obras públicas de interés general, régimen minero y energético, seguridad pública, títulos académicos y profesionales, estadística para fines estatales y autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El artículo 149 establece además que las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos. En caso de conflicto, las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Transferencia, delegación y armonización de competencias
El artículo 150 permite que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuyan a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
El Estado también puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que sean susceptibles de transferencia o delegación por su propia naturaleza.
Asimismo, el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en materias atribuidas a su competencia, cuando así lo exija el interés general.
Procedimiento autonómico del artículo 151
El artículo 151 regula un procedimiento específico de acceso a la autonomía sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de cinco años previsto en el artículo 148. Este procedimiento exige una iniciativa reforzada de Diputaciones u órganos interinsulares y de una parte cualificada de los municipios, además de ratificación mediante referéndum.
También se regula la elaboración del proyecto de Estatuto por una Asamblea de Parlamentarios, su examen por la Comisión Constitucional del Congreso, el posible acuerdo sobre su formulación definitiva, el sometimiento a referéndum del cuerpo electoral de las provincias afectadas y la posterior intervención de las Cortes Generales.
Organización institucional autonómica
El artículo 152 establece que, en los Estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey.
La Asamblea Legislativa será elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio. El Presidente dirige el Consejo de Gobierno, ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en ella.
El artículo 152 también prevé que un Tribunal Superior de Justicia culmine la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Control de las Comunidades Autónomas
El artículo 153 regula el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas. Este control se ejerce por el Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en relación con funciones delegadas; por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas en el ámbito económico y presupuestario.
El artículo 154 establece la figura del Delegado nombrado por el Gobierno, que dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
Artículo 155 de la Constitución Española
El artículo 155 de la Constitución Española establece un mecanismo constitucional para los casos en que una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España.
En estos supuestos, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, si este no fuera atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para proteger el interés general.
Para ejecutar esas medidas, el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas
El artículo 156 reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Las Comunidades Autónomas pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
Recursos de las Comunidades Autónomas
El artículo 157 enumera los recursos de las Comunidades Autónomas. Entre ellos se encuentran los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales, participaciones en los ingresos del Estado, impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, rendimientos de su patrimonio, ingresos de derecho privado y operaciones de crédito.
Las Comunidades Autónomas no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni medidas que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
Fondo de Compensación Interterritorial
El artículo 158 regula el Fondo de Compensación Interterritorial en la Constitución Española. Este instrumento se vincula al principio de solidaridad y a la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.
En los Presupuestos Generales del Estado puede establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un Fondo de Compensación destinado a gastos de inversión. Sus recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
Escuchar el Título VIII de la Constitución Española en audio
Este episodio forma parte de la serie Constitución Española en audio, una producción de Luis Carballés Locutor dentro de Biblioteca Jurídica. La finalidad de esta serie es facilitar el acceso al texto constitucional mediante una narración clara, fiel y profesional.
Puedes consultar también el texto consolidado de la Constitución Española en la web del Boletín Oficial del Estado.
Aviso informativo
Esta narración tiene finalidad informativa, cultural y de accesibilidad sonora. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye la consulta del texto oficial publicado por el Boletín Oficial del Estado o el criterio de un profesional cualificado.
